Ahora, al nuevo presidente le espera la tarea dificilísima de implementar un proyecto económico y social beneficioso para la mayoría cuando la derecha está con cuchillo en mano promoviendo sabotajes, desestabilización y golpe de Estado para destituir al presidente.
¿Podrá Castillo implementar una agenda progresista en uno de los países más conservadores de América Latina con el Congreso dominado por la derecha y con la oposición que no le ha dado ni un momento de tregua desde que asumió la presidencia el pasado 28 de julio? Para contestar a esta pregunta habría que analizar las condiciones socioeconómicas en que se encuentra el país y los factores externos e internos que están influyendo en el desarrollo de acontecimientos en el Perú.
Lo interesante es que en los últimos 15 años Perú ha recibido elogios del Fondo Monetario Internacional (FMI) por su desempeño económico, considerado como uno de los mejores en América Latina con un producto interno bruto (PIB) de 240.000 millones de dólares. El promedio de crecimiento del PIB en estas dos décadas ha sido de 5,4%.
Sin embargo, a pesar de estas impresionantes cifras, de los 33 millones de habitantes del país, el 60% se encuentra por debajo del umbral de la pobreza que llega en las zonas rurales inclusive al más del 80%.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 75,2% de la población económicamente activa (PEA) labora en el sector informal y no cuenta con ningún tipo de seguro social y no tiene derecho a retiro y atención sanitaria.
La pandemia ha herido severamente la economía del país que cayó en 2020 el 11%, agudizada por la crisis sanitaria. Actualmente, el 58% de la PEA está desempleada o subempleada. El número de fallecidos por COVID-19 alcanzó para el primero de agosto pasado 196.518 personas, lo que coloca a Perú como el país con más muertes en el mundo por cada 100.000 habitantes.( Con información de Sputniknews.com)
