Necesariamente Incómoda
El fomento y fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos al interior de la administración pública estatal de Quintana Roo es un pendiente que debe ser atendido de manera urgente porque las cifras de los diagnósticos institucionales a nivel nacional han dejado muy mal parado al estado y no porque esto afecta a la credibilidad de la clase política gobernante, sino porque esas cifras representan violaciones a derechos humanos a la sociedad quintanarroense.
PISOTEARON LOS DERECHOS HUMANOS ABROGANDO Y HACIENDO LEYES A MODO
Las XV y XVI Legislaturas del Congreso de Quintana Roo con sus acciones y omisiones dieron pasos hacia atrás en esta materia, a pesar que uno de los principios de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Derechos Humanos es la no regresividad; la XV Legislatura abrogó la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual hasta el momento no se ha vuelto a legislar, a pesar de las múltiples gestiones que se hicieron ante sus integrantes; la XVI Legislatura reformaron la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, pero para su provecho propio, pero en ningún momento se preocupó en homologar la normatividad de acuerdo a los avances que se han ido obteniendo a nivel nacional.
La actual legislatura tiene la encomienda y el compromiso de elaborar una agenda conjunta con la ciudadanía para legislar sobre diversos temas que están rezagados, entre ellos, indudablemente, el de la interrupción legal del embarazo, uno de los derechos de las mujeres en el que se debe avanzar para ser ejercido con plenitud, es una demanda ciudadana que el Congreso de Quintana Roo tiene que atender, el asunto no está cerrado, se debe seguir discutiendo y llegar a legislar acorde a la legislación nacional y los tratados internacionales suscritos por México.
LA AGENDA DE LAS MUJERES
La agenda en muy amplia, con otros derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes, derecho familiar, derecho a vivir en un medio ambiente sano, derechos culturales, derechos económicos y sociales, olvidarse de estos temas es actuar con hipocresía y en beneficio de unos cuantos.
UNA AFRENTA PARA LOS QUINTANARROENSES LA UTILIZACIÓN POLÍTICA DE LA CEDHQROO
Las condiciones en que vive la población penitenciaria en la entidad es un asunto que tiene que ver con los derechos humanos, pero las autoridades se olvidan del tema, a pesar que desde el año 2020, por medio del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2020), se ubicó a los penales de Quintana Roo entre los ocho más sobrepoblados de México.
En ese documento se dio a conocer que los penales de Campeche fueron evaluados con 6.26, seguido de Quintana Roo, con 7 y Yucatán, con 7.48.
Con respecto a la sobrepoblación Quintana Roo tuvo un 32.24 por ciento, mientras que las cárceles del Estado de México tuvieron137.76 por ciento; Morelos, 86.76 por ciento, seguido de Nayarit, con 83.29 por ciento; Durango, 79.14 por ciento; Tabasco, 40.72 por ciento; Puebla, 39.22 por ciento; Hidalgo, 33.06 por ciento.
A mediados del presente año se elaboró el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2022, dado a conocer recientemente, en el que los penales de Quintana Roo reprobaron en diversos aspectos, sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), al querer congraciarse con las autoridades penitenciarias les dio una calificación aprobatoria general, lo cual debe revisar el Congreso del Estado, porque no es posible, que por intereses políticos se encubra lo que se está haciendo mal en los reclusorios de la entidad.
El organismo público estatal defensor de los derechos humanos, otorgó una calificación promedio general 7.0 para los cuatro Centros de Reinserción Social del Estado.
La evaluación particular quedó de la siguiente manera: 7.71, Cozumel (aprobado); 6.98, Playa del Carmen (aprobado con alerta de riesgo); 6.93, Chetumal (aprobado con alerta de riesgo); 6.41, Cancún (aprobado con alerta de riesgo).
En un estado con la proyección nacional e internacional que tiene por su actividad turística y cultural, no se puede dar el lujo de operar sus reclusorios en condiciones precarias, lo que representa severas violaciones a derechos humanos.
Por ejemplo, el penal de Chetumal tuvo las siguientes evaluaciones: 5.96, Extorsiones /sobornos; 5.92, Clasificación criminológica; 5.84, Ausencia de actividades ilícitas; 5.83. Autogobierno; 5.78, Servicios de Salud; 5.55, Prevención y atención a la tortura; 5.38, Condiciones materiales e higiene de las instalaciones; 5.27, Atención de internos en condiciones de aislamiento y; 4.97, Remisión de quejas por violación a los derechos humanos.
En tanto, el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cancún arrojó la siguiente evaluación: 5.98, Capacidad de personal penitenciario; 5.98, Distribución; 5.91, Alimentación; 5.72, Condiciones materiales e higiene de las instalaciones; 5.70, Sobrepoblación; 5.14, Personal de guardia y custodia; 4.75, Separación entre internos procesados y sentenciados; 4.44, Actividades laborales y de capacitación.
El reclusorio de Cozumel presenta los siguientes rubros reprobados: 5.13, Condiciones materiales e higiene de cocina y comedor; 5.95, Alimentación. Mientras que el de Playa del Carmen tuvo 5.75, Capacitación del personal penitenciario.
En 2018 la calificación general de los centros penitenciarios fue de 6.04; en 2019 de 6.00: y en 2020 de 7.12.
TORTURA CONTRA MUJERES
En el mes de julio de 2022, se dio a conocer el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida contra Mujeres Privadas de la Libertad en México realizado por la Secretaría de Gobernación, con información de instancias estatales y federales, en el periodo de 2006 a 2021, en el cual se estableció que Quintana Roo presenta una de las mayores tasas de tortura sexual contra mujeres presas. Ocupa el segundo lugar nacional, con 2.1 denuncias por cada 100 mil personas del sexo femenino.
El estudio documentó en Quintana Roo 154 casos de tortura cometida contra mujeres privadas de la libertad. De estos casos, 72 en los últimos 3 años del periodo. Existen expedientes de 14 víctimas que padecieron tortura con el agravante de violencia sexual.
Por tortura sexual, Quintana Roo ocupó al 2021, el segundo lugar nacional, con una tasa de 2.1 denuncias por cada 100 mil mujeres. El primer lugar fue Tlaxcala, con 4.5.
Como vemos con estas cifras, la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo tiene mucho trabajo por hacer para poderle dar a la sociedad instrumentos legales que le sirvan para una defensa efectiva de sus derechos humanos como lo establece el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tiempo nos dirá si es de su interés esta agenda, o todo lo que sus integrantes han dicho sobre los derechos humanos, solo fue para llegar a usufructuar el puesto popular.(Graciela Machuca Martínez)
