Chetumal, Quintana Roo. – La Comisión de Justicia del Congreso del Estado que preside la diputada Kira Iris San, llevó a cabo la revisión de los expedientes de los magistrados, como parte del procedimiento de ratificación, entre ellos a Verónica Acacio Trujillo, a pesar de ser señalada y acusada por presunto influyentismo para proteger a Sergio León Cervantes en el juicio familiar que enfrenta con la mujer Catalina Castro, quien denunció al empresario de violencia familiar.En la sesión del periodo extraordinario, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad de votos la reelección de los ciudadanos Dulce María Balam Tuz, Luis Gabino Medina Burgos y Verónica Gloria Acacio Trujillo, al cargo de magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
Tras la revisión de la documentación presentada y de hacer una evaluación del desempeño de cada uno de los magistrados, los integrantes de la Comisión determinaron que Dulce María Balam Tuz, Luis Gabino Medina Burgos y Verónica Gloria Acacio Trujillo, cumplieron con los requisitos para la reelección al cargo de magistrados numerarios, turnando al Pleno los dictámenes correspondientes que sirvieron de base para determinar su reelección.
Es importante mencionar que en el boletín oficial del Poder Legislativo, la información de la ratificación fue considerada en dos párrafos hasta el final del mismo, el cual fue presentado conLa XVI Legislatura del Estado aprobó una serie de reformas mediante las cuales se busca contribuir la información para crear una cultura de adopción en Quintana Roo, así como agilizar los trámites legales, administrativos y judiciales.
Vale recordar que en su oportunidad el Congreso del Estado no sólo rechazó la solicitud de juicio político en contra de Acacio Trujillo, que se interpuso por organizaciones defensoras de derechos humanos, sino que ahora la premian con la reelección.
Actualmente dicho empresario es ahora pareja sentimental de Verónica Acacio, quien es copropietaria del despacho de abogados que defiende a su ahora pareja, conflicto de interés que deja en la indefensión a la víctima y a Quintana Roo.
Por casos como éstos, Quintana Roo ocupa el lugar 30 de los 32 estados en el “Índice de Estado de Derecho” que publica cada año el World Justice Project.
En otros temas la XVI Legislatura del Estado aprobó una serie de reformas mediante las cuales se busca contribuir a crear una cultura de adopción en Quintana Roo, así como agilizar los trámites legales, administrativos y judiciales.
En el marco del sexto periodo extraordinario de sesiones, cuyos trabajos estuvieron presididos por la diputada Cristina Torres Gómez, las diputadas y diputados aprobaron la minuta de decreto “por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adopción del Estado de Quintana Roo; y se derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Quintana Roo”, cuya iniciativa fue promovida por la diputada Iris Adriana Mora Vallejo.
Las reformas incorporan un lenguaje neutro de género, definiendo la adopción como “el procedimiento legal en el que se le confiere a una niña, niño o adolescente la posesión de estado de hija o hijo de la o las personas adoptantes y a éstos, previa manifestación de consentimiento expreso, los deberes inherentes a la relación paterno-filial.
Además, se contempla la modificación de quienes tienen la capacidad legal para adoptar, siendo aquellas las personas casadas entre sí, en concubinato o solteras mayores de edad, en pleno ejercicio de sus derechos y que cumplan con los requisitos de adopción que establece la ley. Para el caso de personas casadas o en concubinato bastará con que sólo uno de ellos cumpla con el requisito de la edad.
De esta manera, Quintana Roo armonizó su normatividad con los instrumentos internacionales, a fin de darle unidad, solidez y eficacia al proceso de adopción, yendo de la mano con la progresividad de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, reconocidos en distintos instrumentos internacionales en materia de adopción.
Por otra parte, la XVI Legislatura aprobó también la adición del artículo 161 bis a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, en materia de control de fuegos artificiales, promovida por la diputada Tyara Schleske de Ariño, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.
Con ello, se estableció que la autoridad municipal únicamente podrá autorizar el uso de fuegos artificiales para celebraciones cívicas, fiestas populares y eventos públicos, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Secretaría de la Defensa Nacional, descartando su uso para entretenimiento en diversas zonas turísticas de la entidad.
